De los más de 50 candidatos que se disputarán el 6 de junio las 15 gubernaturas del país, sólo 14 dijeron tener, y presentaron, su proyecto seguridad pública.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red Nacional de Observatorios, presentaron el “Análisis de las propuestas de seguridad y justicia de los candidatos a gubernaturas y presidencias municipales/alcaldías Elecciones 2021”, del Proyecto Por Un México Seguro.
Para dicho proyecto, el Observatorio invitó a los más de 50 candidatos que se disputarán las 15 Gubernaturas del país a presentar las políticas en materia de seguridad que implementarán en caso de obtener el triunfo.
Los 13 candidatos que presentaron sus proyectos fueron: Leoncio Morán, candidato de MC a la gubernatura de Colima; Alejandro Díaz, candidato de Fuerza Por México a la gubernatura de Chihuahua; Luis Carlos Arrieta Lavenant, candidato del PES a la gubernatura de Chihuahua; Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León; Francisco Rico, candidato de Nueva Alianza a la gubernatura de San Luis Potosí, lo mismo que el candidato independiente Arturo Segoviano a la gubernatura de ese estado.
También presentaron sus propuestas Rosario Fátima, candidata de Fuerza Por México al gobierno de Sonora; Ernesto Gándara, candidato del PAN, PRI y PRD al gobierno de Sonora; Temo Galindo de Redes Sociales Progresistas a la gubernatura de Sonora; Eréndira Jiménez, candidata de MC al gobierno de Tlaxcala, así como los candidatos al gobierno de Zacatecas por parte de PRI, PAN, PRD, Claudia Anaya; Fernanda Salome de Redes Sociales Progresistas, y Flavio Campos PAZ para desarrollar Zacatecas.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) resaltó que, pese a tener cierta ventaja electoral sobre sus adversarios, los candidatos que no presentaron ninguna propuesta en materia de seguridad, fueron: Marina del Pilar Ávila Olmedo, candidata de Morena-PT-PVEM al gobierno de Baja California; Francisco Pelayo, candidato del PAN al gobierno de Baja California Sur; Layda Sansores San Román, candidata de Morena-PT al gobierno de Campeche; María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua; Indira Vizcaíno Silva, candidata de Morena al gobierno de Colima.
También no presentaron propuesta en seguridad Evelyn Salgado, candidata de Morena al gobierno de Guerrero; Carlos Herrera Tello, candidato del PRI, PAN y PRD al gobierno Michoacán; Miguel Ángel Navarro, candidato de Morena-PT-PVEM-PANAL al gobierno de Nayarit; Samuel García, candidato de MC al gobierno de Nuevo León.
Tampoco Mauricio Kuri González, candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro; Ricardo Gallardo Cardona, candidato del PVEM-PT al gobierno de San Luis Potosí; Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PT a la gubernatura de Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño, candidato de Morena-PT-PVEM al gobierno de Sonora; Lorena Cuellar Cisneros, candidata de Morena-PT-PVEM al gobierno de Tlaxcala, y David Monreal Ávila, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas.
“Ninguna de las candidatas y los candidatos punteros participó en el ejercicio”, expresó el informe del Observatorio, al indicar que contactó para invitar a los candidatos de todos los partidos. Precisó que en el caso de los candidatos punteros, “puede ser indicativo del tipo de gobierno que serían”.
El reporte mencionó que al analizar las propuestas de los candidatos que sí aceptaron presentar sus propuestas en materia de seguridad, destacó que ninguna de ellas cuenta con un “hilo conductor claro que parta de una lectura de amplio calado del fenómeno”.
“No proveen datos específicos sobre el presupuesto que podría necesitar para implementar la estrategia. En el tema del tráfico de armas, salvo el caso de Sonora que fue un tanto más específico, el común denominador es la apuesta por la eficacia del canje de armas. Abundan los lugares comunes en las propuestas sobre reclusión y reinserción social”, aseveró.
“Las estrategias de política de drogas de los candidatos establecen un vínculo entre el consumo y el crimen. Estas lecturas conservadoras son preocupantes pues hacen eco de la estigmatización de grupos sociales vulnerables como origen de la delincuencia. Se denota una ausencia de un diagnóstico localizado, actualizado y que identifique los aciertos y fallos de sus antecesores. (Hubo) ausencia casi generalizada de temas complejos como la desaparición forzada e involuntaria de personas que ameritan propuestas de múltiples áreas”, añadió.
Casos específicos
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad refirió que en el caso del candidato Leoncio Morán (MC-Colima), sus propuestas tuvieron un énfasis local, fue el único candidato que se refirió a la crisis de desaparición de personas; planteó la creación de la figura del “Ombudsperson” para la policía, y dar continuidad al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como crear una Agencia Estatal de Investigación y una subsecretaría de derechos humanos encargada de articular la política transversal en la administración.
En el caso del candidato Ernesto Gándara (Va por Sonora), el Observatorio dijo que propuso disminuir el índice de delitos de manera general en tres meses, e indicó que en los primeros tres a cuatro meses de gestión se realizarán diagnósticos de los delitos. Sobre tráfico de armas, planteó la reducción de brechas físicas en la frontera, y sugirió crear ministerios públicos itinerantes (móviles), así como fortalecer la rendición de cuentas por medio de aplicaciones de telefonía móvil.
Claudia Anaya, candidata de Va por Zacatecas, propuso impulsar un Acuerdo Estatal por la Seguridad Pública, la creación de una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado para el combate al lavado de dinero, y la formación de coaliciones ciudadanas de vecinos como base de la prevención social de la delincuencia.
En el caso de Adrián de la Garza, candidato de la alianza Va por Nuevo León, dijo que se limitó a señalar que hará un diagnóstico en los rubros de previsión social de la delincuencia, reclusión y reinserción social, policía y derechos humanos. Apuntó que su apuesta es por el fortalecimiento de las funciones de inteligencia del estado y la instalación de una Comisión de Coordinación Operativa Estratégica en Seguridad con los tres niveles de gobierno.
Presenta su análisis del contexto político-electoral
El director general del ONC, Francisco Rivas, consideró que en las próximas elecciones está en riesgo una democracia electoral relativamente joven, como resultado de la intervención del crimen organizado o de autoridades gubernamentales renuentes a perder poder en las urnas, así como de la falta de propuestas que reduce la contienda a una mera lógica de opositores.
Señaló que a unos días de que se celebre la jornada electoral no se pueden descartar afectaciones mayores a la gobernabilidad de las entidades federativas analizadas, ni a la paz y tranquilidad de los ciudadanos y mucho menos al libre ejercicio del derecho al sufragio.
Puntualizó que la gran mayoría de los estados estarían en peligro de ver amenazadas sus elecciones por hechos delictivos, como asesinatos o amenazas a candidatos para sacarlos de la contienda; cooptación de candidatos a puestos de elección popular, inhibiendo la votación en ciertas zonas el día de la elección o movilizando el voto a favor de algún candidato.
Asimismo, Francisco Rivas sostuvo que tras un análisis el Observatorio identificó que quienes resulten electos como Gobernadores tendrán que mitigar importantes riesgos como conflictos sociales asociados con la operación de mineras, el acceso al agua o la tala clandestina. Alertó que este tipo de conflictos suelen presentarse con los cambios de gobierno.
Sostuvo que otra problemática que los candidatos tendrán que atender y resolver si resultan electos está relacionada con los delitos de violencia de género tales como: trata de personas, desaparición forzada y/o cometida por particulares, feminicidio, familiar y secuestro.
Enfatizó que este riesgo se deberá mitigar en la mayor parte de las entidades federativas en que se elegirá nuevo gobernador. Argumentó que para la elaboración del documento, el ONC y la RNO contactaron a todos los candidatos vía redes sociales. Sin embargo, la mayoría no quiso participar, principalmente aquellos que encabezan las encuestas.
Francisco Rivas señaló que “es un mal mensaje y una omisión grave que puede ser indicativo del tipo de gobierno que serían”.
Finalmente, estimó que aunque estos candidatos ganen en las urnas, en el campo de las ideas y las propuestas, la ciudadanía perderá. Sin embargo, dijo que a partir del análisis de las propuestas de 86 candidatos municipales se logró identificar que ellos están conscientes de la relevancia y el nivel de responsabilidad que tiene el municipio para resolver los problemas de seguridad.
Fuente: www.eleconomista.com.mx